Cartagena de Indias, 6 de septiembre de 2022.- Con mucho cuidado, -no sea que el alcalde Willian Dau se sienta aludido- el Consejo Gremial expresó su alarma por la ola de inseguridad que vive Cartagena desde hace largo rato, y que entre algodones mencionó el «bajo ejercicio de la autoridad».
Y es que por primera vez en dos años, el Consejo Gremial se aparta de su solidaria línea de apoyo al desgobierno Dau, y le lanza un llamado de atención.
Ante se había solidarizado políticamente con Dau, como en el caso de la presidenta del Concejo, Gloria Estrada, a quien le pidió la renuncia cuando fue injustamente privada de la libertad por un complot comprobado, pero nunca salió a retirar esa petición pública. (Comunicado 75, enero 2022)
También cuando se sumó a la voz del alcalde Dau y le pidió a la Contraloría General que intervenga a la Contraloría Distrital, haciendo eco de los remilgos constantes del pendenciero mandatario. (Comunicado 78, febrero 2022).
El Consejo Gremial también sirvió de caja de resonancia de Dau cuando pidió un crédito al Concejo, siendo un contrasentido al también pedir reincorporaciones al presupuesto, superiores al monto del crédito tramitado). (Comunicado 80, abril 2022).
En ninguno de esos pronunciamientos ha tenido fortuna el Consejo Gremial de Bolívar, pues está visto que ninguna de sus solidarias posiciones con el mediocre alcalde Dau ha tenido eco: ni la presidenta Gloria Estrada renunció, ni la Contraloría General intervino a la Distrital, ni el Concejo aprobó el embeleco del crédito.
No obstante, por primera vez musita algo que se aparta de su tradicional línea solidaria con Dau, y es frente a la innegable y desbordante inseguridad, que cada día registra el actuar de sicarios, el accionar de atracadores y el temor de la ciudadanía.
Este es el documento que, a modo de comunicado (Nº84), el Consejo Gremial de Bolívar emitió este 5 de septiembre:
La coyuntura de violencia, inseguridad y bajo ejercicio de la autoridad en Cartagena de Indias ha superado la capacidad de las entidades llamadas a garantizarla.
Hacemos un llamado a la unión de actores y sectores, y solicitamos la concurrencia de las autoridades nacionales y locales para dar soluciones efectivas a la actual problemática.
El contexto de la ciudad en materia de violencia e inseguridad es inadmisible, y se suma una situación estructural, en la que subsiste el ejercicio insuficiente de la autoridad, que no logra controlar de manera efectiva las actividades informales, así como las ilícitas. Además, el problema de la poca asunción de competencias y responsabilidades por parte de las autoridades e instancias encargadas favorece la comisión de delitos e irregularidades de las que hemos sido testigos en los últimos años, y dejan a residentes y visitantes a merced de la delincuencia organizada y de aquellos que por cuenta propia se aprovechan su buena voluntad y desinformación.
Cartagena es una ciudad de puertas abiertas con una reconocida vocación turística a nivel nacional e internacional, por lo que esta situación de caos generalizado termina trastocando también las actividades turísticas y las zonas donde estas se desarrollan.
La seguridad de las personas, la imagen del destino y la supervivencia de miles de empresas y empleos (formales e informales) que se relacionan directa o indirectamente con toda la cadena de valor de la industria turística se están viendo afectados.
A los hechos de inseguridad, se suman el cobro excesivo a turistas por productos y servicios en la informalidad, el acoso en las playas y otros lugares públicos, la prostitución y ESCNNA, la falta de organización en lugares críticos como Playa Blanca y el Centro Histórico, donde ha sido imposible ejercer un efectivo control.
El turismo es la apuesta más grande del departamento y la actividad económica que más genera empleo y emprendimientos; cuenta con un total de 5.632 empresas formales y 22.920 empleados. Y a pesar de ser una de las actividades más golpeadas por la pandemia, con una pérdida de más de mil comerciantes que salieron de su stock en 2020, logró reactivarse con una variación favorable de 21% en 2021, y ha retomado su senda positiva con una tasa de crecimiento promedio anual de 9% (CEDEC, 2022).
De acuerdo con el Índice de Competitividad Turística, esta industria participó en 2021 con un 11,63% en el empleo del departamento y aportó el 6,73% del PIB.
Los gremios asociados al Consejo Gremial de Bolívar (CGB), particularmente los representantes del sector comercio, turístico y hotelero, no hemos permanecido expectantes ante la crítica situación de la ciudad. A lo largo de 2021 y 2022 convocamos y participamos en un sinnúmero de espacios de interlocución con la Policía, la Alcaldía, la Secretaría del Interior y Corpoturismo, para solicitar información, exigir acciones y ponernos a disposición para articular y socializar las medidas expuestas por las autoridades.
La comunidad empresarial no se encuentra facultada jurídicamente para emprender las acciones que requiere Cartagena de Indias en materia de seguridad ciudadana y ejercicio de la autoridad. Es responsabilidad directa de las autoridades tomar medidas preventivas y correctivas que respondan a las problemáticas concretas, así como a sus causas estructurales; e informar a la ciudadanía de manera oportuna.
Nuestro rol es apoyar, hacer seguimiento y acompañar el trabajo de las autoridades competentes, y demandar respetuosamente y de manera directa resultados cuando estos no son satisfactorios.
Hacemos un llamado a la unión de todos los actores, sectores y a las distintas autoridades nacionales y locales, dado que la batalla de señalamientos que se libra paralelamente en Cartagena, lejos de aportar a la búsqueda de soluciones y consensos se convierte en escenario cómplice de una ola de inseguridad que parece no dar tregua.
Desde el Consejo Gremial de Bolívar exhortaremos a las Autoridades responsables a definir líneas de acción y compromisos contundentes para hacer de Cartagena una ciudad segura para todos, y fortalecerla como destino líder de turismo.
Fin del comunicado.
