Por Pedrito Tomás Pereira Caballero (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 14 de octubre de 2022.- Las válidas inquietudes ciudadanas expresadas por redes sociales y medios de comunicación, y por ciudadanos que han llegado inclusive a interponer acciones de cumplimiento para que Ley 1617 de 2013 o Ley de Distritos, y la Ley 1784 de 2016 o Ley del Sitio, sean aplicadas para la asignación de recursos económicos por parte de la Nación para proyectos en Cartagena, motivan está columna.
Es muy claro para todos que si el Gobierno nacional, acompañado de las autoridades distritales y los congresistas de Bolívar, cumplen estas normas, la conveniencia es para toda la comunidad. Sería un gran logro unir por primera vez a los gremios, la clase política, grupos cívicos y comunales, prensa y ciudadanía en general por el bien de la ciudad para que se puedan lograr estas obras que ayudarán a dinamizar la economía y sin duda reducir los indicadores de pobreza.
A continuación detallo lo que la Ley del Sitio, promulgada para conmemorar los 200 años del Sitio a Cartagena, enuncia: “El Gobierno Nacional, con ocasión de la presente ley, gestionará recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar proyectos en la ciudad de Cartagena de Indias de carácter social, cultural y de infraestructura, tales como Estrategias y medidas para la competitividad de Cartagena de Indias; Protección Costera; Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de Mareas; Sistema de Caños y Lagos y Terminal de Cruceros; Bulevar Turístico de Bocagrande Avenida Centenario; Avenida 5a. de Manga; Transporte Acuático; Culminación Vía Perimetral; Acueducto Tierrabomba; Recuperación Ciénaga de la Virgen; Ampliación Corredor Industrial de Mamonal; y Túnel o Puente de conexión Bocagrande – Manga”.
En los últimos días ha habido comentarios en diversos medios de comunicación, especialmente sobre la Ley del Sitio, de la cual fui su autor. Cabe anotar que algunos historiadores reconocen que el Sitio de Cartagena fue el verdadero acto de independencia, donde en 1815 la ciudad sacrificó una generación y es una deuda social que el país tiene con Cartagena. Esa fue la inspiración de la ley y se incluyeron las obras anteriormente mencionadas, que en su momento estaban en el Plan de Desarrollo del país y en el Plan de Desarrollo local. Como congresista me di a la tarea durante el tiempo que estuve en el Congreso, hasta el 2018, de trabajar para lograr que la norma se cumpliera. Así fue como en nuestra labor de control político, solicitamos al Ministerio de Hacienda incluyera los rubros de las obras más necesarias en su momento que eran Protección Costera y Plan de Drenajes Pluviales. Gracias a la voluntad política del entonces presidente, Juan Manuel Santos, y también del ministro Mauricio Cárdenas, en el presupuesto de la nación se incluyó una partida de 100 mil millones de pesos para la Protección Costera. Es muy importante aclarar que este proyecto ya estaba estructurado a través de la Universidad de Cartagena y las fases técnicas, ambientales y sociales del mismo coincidieron con mi encargo como Alcalde en el año de 2019, donde se pudo advertir que los $100 mil millones no eran suficientes y, entonces, se tramitó el empréstito por parte del Distrito de $60 mil millones. Además, para la segunda fase de estas obras en el barrio El Cabrero se consiguieron 22 mil millones en diciembre del 2019 mediante OCAD, con las regalías que le correspondieron al Distrito.
El anterior es un claro ejemplo de cómo la Ley del Sitio puede funcionar, pues la Nación aportó, pero no excluyó al Distrito, que finalmente hizo su esfuerzo aportando $82.000 millones producto del crédito y sus regalías. Lo anterior muestra en forma fehaciente, que estas normas no son excluyentes de otros sistemas de financiación y permiten que el Distrito busque otros mecanismos como las APP o las concesiones.
Así mismo, me permito hablar de la Ley 1617 o Ley de Distritos porque en el 2012 fuimos autores de los artículos 107, 108, y 109, que al igual de la Ley del Sitio, impulsa el apoyo del Estado a proyectos de interés regional y nacional. Empero en la ciudad no ha habido el liderazgo ni la intención para hacerlo. No quiero creer que es por celos políticos de no reconocer méritos porque fui yo el autor de lo ya mencionado. Es desafortunado, hasta donde tengo conocimiento, que los proyectos que están en la Ley 1617 del Distrito en sus artículos 107, 108 y 109 ni los otros incluidos en la Ley del Sitio no tengan proyectos estructurados, con ingeniería de detalle, ni presupuesto definitivo. Entonces, sin esos insumos no hay posibilidad alguna de pedirle recursos al Gobierno nacional, pues no sabemos cuánto cuestan con exactitud. De esa manera es difícil buscar se generen compromisos solo con llamados por la prensa o gritos de auxilio cuando tenemos el agua al cuello.
Es claro que no se puede pensar, por ejemplo, que proyectos como la Terminal de Cruceros Turísticos, el Recinto Ferial Internacional o el Transporte Acuático, que eventualmente podrían ser iniciativas privadas o propuestas para algún modelo de concesión, pues a algún particular en forma legal puede proponerlas, entonces el Distrito le diría que ello no es posible porque están “enunciadas” en la Ley del Sitio o la ley del Distrito, cuando es clarísimo que estas normas no excluyen esas posibilidades ni tienen la capacidad legal para prohibirlas, ya que aquellas, también son reguladas por leyes de la república.
De igual forma, por iniciativa del Concejo de Cartagena, en el año 2021 a través del Acuerdo 052, se intentó establecer un Consejo Distrital de Proyectos para solicitarle recursos al Gobierno Nacional. Este acuerdo fue sancionado por el actual alcalde, William Dau Chamat. En mi modesta opinión fue una extraordinaria propuesta, pero los proyectos siguen sin estructurarse.
Por eso, reitero que estamos a tiempo de usar estas leyes, y para ello se requiere se estructuren en forma real los proyectos y luchar por el progreso para nuestra Cartagena, no para estar peleándonos. Y a pesar de pensar que pueden estar obsoletos por el veloz crecimiento urbanístico y social de la ciudad, también permiten ajustes cuando se es proactivo por el bien de todos.