Por Danilo Contreras. Funcicar cumplió ya 20 años de fundación y no son pocos los esfuerzos que ha realizado por la democracia local, algunos con mayor éxito que otros.
Hace días recibí un completo documento titulado “Informe consolidado. Transparencia en la contratación. Enero a Diciembre 2014”, en el cual se exponen cifras que permiten deducir inquietantes conclusiones que venían siendo debatidas en el seno de la opinión pública local.
En efecto, el pasado mes de enero, El Universal reportó una inopinada protesta de miembros de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar que airados expresaban en la plaza de la Aduana su hastío por lo que denominaron “concentración de la contratación” que daba al traste con las posibilidades de participación de la ingeniería local. El asunto no pasaría de la anécdota si no fuera porque gran parte de las denuncias hechas por los arquitectos e ingenieros que participaron del plantón se han visto corroborados por la seriedad técnica del Informe publicado por Funcicar.
El documento ratifica que tiene lugar en la ciudad una novedosa figura consistente en el “empaquetamiento” de varias obras, verbigracia varias calles de barrio, para sacarlas a licitación pública y luego adjudicarlas a grandes consorcios procedentes, principalmente, de Barranquilla, Bogotá y Montería, con el agravante de que persistentemente son licitantes únicos. Carolina Calderón, directora de Funcicar ha expuesto que el asunto es grave pues “no se está atendiendo el decreto de democratización, donde más ciudadanos y más empresas pueden acceder a este tipo de contrataciones”; así las cosas venimos a comprobar que la protesta de los ingenieros no era carreta de viudos de la contratación.
La jurisprudencia del Consejo de Estado proscribió el denominado “fraccionamiento de contratos” considerando que violaba los principios de selección objetiva, buena fe, planeación e igualdad. Pues bien, es de esperar que la doctrina de ese alto tribunal tendrá que abrir un nuevo capítulo para desterrar la novedosa figura del “empaquetamiento de obras” para licitación puesto que siendo el fenómeno contrario, igualmente se lleva en banda los principios que el Consejo de Estado encuentra vulnerados con el fraccionamiento.
Por hablar solo del principio de Planeación, es grave que el informe denuncie que muy probablemente el crédito de $250 mil millones no alcanzara para cumplir con las obras proyectadas toda vez que el crédito contrató el 100% en obras de educación, salud y vías sin dejar margen de error por eventuales ajustes de diseños, según lo ordena la ley, que causan costo adicionales que podrían llegar a $80 mil millones. Los hechos comprueban que esos ajustes ya han tenido lugar y como botón de muestra se citan las demoras que sufrió la construcción de la calle del Arsenal por ajustes en diseños.
El mal empeora si se considera que de 32 grandes licitaciones que suman $357 mil millones, solo se contrataron 7 interventorías para vigilar el cumplimiento de la histórica inversión.