Cartagena de Indias, 28 de junio de 2023.- La Fundación Cívico Social por Cartagena -FUNCICAR- entregó un informe titulado «Seguimiento a la contratación de las alcaldías locales de Cartagena» donde destacó lo siguiente:
- Las tres localidades de Cartagena contrataron $26 mil millones en 2022, la Localidad 1 fue la que más recursos celebró con $13 mil millones.
- El 60% de la inversión fue para capacitaciones, $14 mil millones se destinaron para este objeto.
- Localidades contrataron sus procesos sin justificar los valores de los contratos, no reportaron avances de ejecución y las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL nuevamente son protagonistas de contratos con un solo oferente habilitado.
Este es el informe:
En 2022, las tres localidades de Cartagena contrataron $26.261.647.702 a través de 173 procesos: de esos recursos $23.994 millones fueron para 35 contratos de inversión celebrados por modalidades competitivas, convenios y contratación directa por urgencia manifiesta, y $2.267 millones fueron contratados en 138 OPS.
La Localidad 1 fue la que más recursos contrató con $13 mil millones a través de 65 procesos, seguida de la Localidad 3 que celebró $8 mil millones en 61 procesos, y la Localidad 2 fue la que menos celebró con $4 mil millones a través de 47 procesos.
En comparación con 2021, en 2022 las Localidades celebraron menos recursos.
Solo el 20% de la contratación del 2022 se dio por modalidades competitivas con reglas claras para la participación de oferentes, el 80% restante se dio mediante contratación directa y régimen especial para convenios de asociación con Entidades sin Ánimo de Lucro, ESAL.
60% de los recursos fueron para capacitaciones
Las Localidades de Cartagena invirtieron $14 mil millones en capacitaciones para grupos poblacionales, lo que representó que el 60% del total de recursos destinados para inversión en 2022, fueron para este objeto. En obras y mantenimiento se invirtieron $4.505 millones, $2.398 millones fueron para ayudas y asistencialismo, y el restante se invirtió en otros aspectos.
La Localidad 1 fue la que más recursos invirtió en procesos que incluían capacitaciones mediante charlas y talleres, seguida de la Localidad 3. La Localidad 2 no tuvo procesos para capacitaciones.
Malas prácticas continúan en 2022
Las Localidades dieron en promedio solo 2,6 días de plazo para que los oferentes conocieran los procesos y presentaran ofertas. Además, en el 96% de los procesos se observaron criterios de calificación limitantes que restringuía la pluralidad de oferentes. Es decir que además de darse muy pocos días para que se presentaran ofertas, los requisitos exigidos eran muy exigentes y limitaban la participación de los interesados.
Poca pluralidad de oferentes
En 2022, el 68% de los procesos celebrados por modalidades competitivas tuvo un solo oferente, y en el 94% de los procesos analizados que sí hubo dos o más oferentes, al final solo quedó habilitado uno. La poca pluralidad de oferentes se agravó en comparación con 2021, en ese periodo el 59% de los procesos tuvo un único oferente.
No se publicaron cotizaciones
El 49% de los procesos no publicaron las cotizaciones con las que se sustentó el valor del contrato, y el 51% que sí lo hizo no indicó quiénes fueron las empresas o personas que las presentaron, esto no permitió establecer la manera en que las Localidades presupuestaron los valores de los procesos.
Ítems de obras sin justificar
El 74% de los procesos celebrados por las Localidades no justificaron los ítems o actividades contratadas. En la Localidad 3 por ejemplo se contrataron tablets y USB para atención a víctimas de la violencia intrafamiliar por $105 millones sin justificar la finalidad de estos dispositivos. También en la Localidad 3 se exigía a los contratista tener sitio propio para la realización de talleres de capacitaciones, sin embargo se pagó por el alquiler de los lugares dónde se realizarían los talleres, sin justificar ese ítem. En otro proceso de la Localidad 1 se destinaron sin justificación $60 millones para el alquiler de camioneta que movilizaran los integrantes del proyecto y en otro proceso se pagaron $127 millones en cartillas y materiales impresos.
Funcicar advierte que tras observar la contratación en 2021 y 2022 se observa que las Localidades no han mejorado sus prácticas de contratación y se sigue poniendo en riesgo la calidad del gasto y transparencia de la contratación: hubo indicadores que se agravaron en 2022, como la poca pluralidad de oferentes que pasó de un 59% en 2021 a un 68% en 2022. Además el 20% de lo contratado no guardaba relación con los planes de desarrollo local, y en el 91% de los proceso no se dieron a conocer reportes de la ejecución de los contratos. La única mejora que se observa es que hubo 3 adiciones y sí se justificaron, contrario a lo que ocurrió en 2021.
Localidad 2 la que más invirtió en OPS
Del total de $26 mil millones celebrados en 2022, $2.267 millones fueron para 138 órdenes de prestación de servicios – OPS- con 114 personas: la Localidad 1 tuvo 50 OPS por $684 millones, la Localidad 2 fue la que más invirtió: tuvo 44 OPS por $825 millones y la Localidad 3 tuvo 44 OPS por $757 millones. En promedio las OPS con personas en las Localidades tuvieron un valor de $2.6 millones y una duración de 6 meses.
Casos especiales
Localidad 1
De 15 procesos celebrados por la Localidad 1, ninguno tuvo más de un proponente habilitado que cumpliera con los requisitos del pliego, esto indica que no hubo competencia real y por ende no se asegura que los mejores sean quienes ejecuten la oferta institucional con precios competitivos. La Localidad 1, es la menos garantista de la pluralidad de oferentes de las tres Localidades.
Localidad 2
La Localidad 2 publicó en Secop 7 procesos para inversión distintos a OPS: 3 contrataciones directas, 2 mínimas cuantías y 2 selecciones abreviadas. Las mínimas cuantías tenían como objeto la contratación de pólizas de seguro en salud para los ediles, sin embargo fueron declaradas desiertas. Las selecciones abreviadas, por su parte, tenían como objeto la contratación de obras en vías y canchas pero fueron canceladas dado que la Junta Administradora Local no aprobó vigencias futuras para la ejecución de esos recursos.
Localidad 3:
La Localidad 3 pagó diferentes precios por productos y servicios profesionales similares, sin que justificaran la variación de los precios, se debe aclarar que ninguno de estos ítems tenían especificaciones técnicas o requisitos de experiencia que justificaran su valor. Ejemplo, en el procesoCONV- COMP-LOC3-007-2022 el trabajador social tenia un valor mensual de $5.1 millones, mientras que en los demás procesos el valor era de aproximadamente $3.8 millones, en este mismo proceso también se pagaron los auxiliares logísticos en $4.4 millones de pesos, mientras que en los demás tenian un precio de $1.8 millones de pesos.
Contratistas que más recursos ejecutaron
El 77% de los contratistas que ejecutaron los recursos en las Localidades fueron las Entidades Sin Ánimo de Lucro. La Localidad 2 no contrató con ESAL, por su parte la Localidad 3 celebró el 94% de sus contratos con ESAL y la Localidad 1 el 73%.
El contratista que más recursos ejecutó en las Localidades fue EDURBE con $3.110 millones celebrados a través de 2 convenios interadministrativos, le sigue la Fundación Encausa con $2.088 millones celebrados en 2 contratos, fue único proponente habilitado en todos los procesos, en tercer lugar se encuentra Megatiendas con 1 proceso por valor de $2 mil millones, en cuarto lugar la FUNDACIÓN GEPS – GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD tuvo 2 procesos por $1.418 millones, fue único oferente en 1 proceso y en el otro se presentaron dos oferentes, y el quinto contratista que más recursos ejecutó fue la COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. con 1 proceso por $1.395 millones.
Funcicar recomienda a las localidades dar mayores garantías para la transparencia y la selección objetiva de los contratistas que ejecutan los recursos de los Fondos de desarrollo local, esto implica entre otras cosas realizar y publicar estudios de mercados, una adecuada planeación del tipo de oferta institucional que se dará, no restringuir la participación mediante poca publicidad o requisitos habilitantes restrictivos, publicación de toda la información y garantías para el control social.