Por Andrés Guillermo Montes Celedón (Especial para Revista Zetta).- Bogotá, 4 de noviembre de 2023.-No sería la primera vez que se nombra al campo colombiano como motor de desarrollo lo escuchamos a menudo como una promesa de discurso político, tanto así que, ya se ha vuelto parte del proselitismo político populista y cada vez más, se van añadiendo nuevos elementos a la narrativa para que el discurso no suene a lo mismo, es decir, como seguir masticando un chicle que ya no tiene azúcar.
Lo cierto es que, por más masticado el agro, no deja de ser cierto que su potencial para generar desarrollo y bienestar es enorme para nuestro país. Pero la pregunta más compleja debe ser, ¿cómo sacamos ese potencial a flote? Muchos gobiernos con sus limitados recursos han intentado implementar diversas políticas, por ejemplo, el expresidente Iván Duque apostó por su estrategia “Coseche y venda a la fija” como un esfuerzo para minimizar la intermediación entre productores y consumidores finales, y darle mayores facilidades de maniobra al pequeño productor. ¿Cómo le fue a esta estrategia?, sin entrar en muchos detalles, el gobierno esperaba que antes de finalizar el mandato de Duque, esta herramienta tuviera unos 300.000 beneficiarios, que a primeras pareciera ser una gran cantidad de personas y lo es, pero, comparado con los 11,8 millones de personas que se denominan campesinos en Colombia, solo es el 2,5% de esta población.
Ya empezamos a dimensionar los elementos que dificultan la explotación del campo como motor de desarrollo, y es que, la cantidad de personas por atender supera a las capacidades presupuestales de la Nación; por supuesto, existen más problemas como la cantidad de tierra involucrada. Colombia es un país conformado por 114 millones de hectáreas, de las cuales 39,6 millones de ellas conforman la frontera agrícola, una cantidad virtualmente imposible de atender para cualquier presupuesto actual de agricultura; así mismo, prevalecen dificultades como la intermediación, el acceso a crédito, el costo de insumos, la falta de disponibilidad de vías para el transporte de los productos y de tecnificación, absorción de procesos tecnológicos y de innovación, la presencia de violencia y ausencia del Estado, así como la dispersión de las unidades agropecuarias que dificulta su comunicación con los mercados, los bienes y servicios necesarios para su desarrollo.
Para el actual gobierno, la prioridad respecto al desarrollo del agro consiste en garantizar la disponibilidad de la tierra para producir, pues el Presidente Gustavo Petro afirmó durante su campaña que la mayor parte de la tierra con potencial productivo, estaba en manos de unas pocas personas, mientras que una porción muy pequeña debía repartirse entre la enorme cantidad de pequeños productores. El presidente no se equivoca, el índice de desigualdad en el acceso a la tierra en Colombia se ubica en 0,897, siendo la máxima desigualdad el 1; por lo tanto, la lógica del gobierno debe ser la liberación de tierras por parte de los grandes tenedores para dársela a los numerosos productores que no tienen. En esta linea, el presidente se propuso primero la ambiciosa tarea de adquirir 3 millones de hectáreas, y posteriormente tuvo que aterrizarla a 1,5 millones, sin embargo, esta sola gestión contiene sus propios obstáculos en razón a que, los procesos de compra de tierra por parte del Estado son lentos para poder adjudicar las tierras a los que efectivamente las necesitan, y no terminar en nuevos procesos de acumulación. Esto representa uno de los mayores desafíos en esta gestión, al tener que cruzar las fuentes de información disponible para determinar qué se puede comprar, qué está disponible, qué se puede disponer para entregar y por supuesto, ajustar las herramientas normativas para hacer más eficiente el proceso.
¿Cómo va el gobierno en la compra de tierras? Recientemente, la Agencia Nacional de Tierras manifestó que en un año de gobierno se han adjudicado 24.264 predios, equivalentes a un poco más de 1 millón de hectáreas, pero la distorsión de estadísticas se cae por su propio peso; el Ministerio de Agricultura publicó su contador de la reforma agraria donde cuenta que se han gestionado 385.212 hectáreas donde incluyen compras y formalizaciones.
Independiente de la forma como se haga el conteo de la gestión de tierras, el punto clave es entender que, incluso si el presidente puede cumplir su promesa de los 1,5 millones de hectáreas. Se sabe que solo el 18% de la tierra con vocación agrícola es utilizada, es decir, 32,8 millones de hectáreas están siendo desaprovechadas. Por supuesto, sin tener en cuenta las exclusiones legales.
Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Vemos que la gestión pública alrededor de potenciar el agro tiene sus obstáculos y limitaciones. Cada gobierno tiene sus enfoques porque son conscientes que no tienen la capacidad para abordar cada blanco en simultáneo. Si lo observamos por el lado de los presupuestos públicos para invertir en el agro, el rubro de este sector nunca ha sido especialmente alto, solo desde los rubros de apropiación para 2023 empezó a ser un poco más robusto, según las prioridades de la administración de turno.
La apropiación en inversión de todo el sector agro para 2023 ascendió a $4,4 billones de pesos, donde el 69% de los recursos le corresponden al Ministerio de agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, que es la encargada de llevar a cabo los procesos de redistribución de la tierra. Entidades del mismo sector como la AUNAP, la UPRA, el ICA o la ADR no recibieron apropiaciones significativas para llevar a cabo sus objetivos misionales, que son importantes dentro del componente de innovación, tecnificación y acceso a recursos e insumos, pero que no entran dentro del enfoque que se pretende dar durante estos 4 años de gobierno, incluso bajo el esquema de lo que han llamado “ordenar el territorio y la sociedad alrededor del agua”.
Para 2024, el sector agro hizo una solicitud de $12 billones de pesos, donde $8,3 billones serían para la ANT, empero, por regla fiscal solo se le apropian $9,1 billones a todo el sector, lo que continúa siendo una cantidad de recursos considerable respecto a la vigencia y 2023 y en general, a cualquier otra vigencia anterior. En este escenario del proyecto de ley inicialmente radicado por el gobierno nacional, la ANT contaría con $5,1 billones para continuar con el cumplimiento de la meta de gobierno en redistribución de la tierra productiva.
La historia nos enseña que una reforma agraria integral no es una cuestión de un período presidencial, sino que es un proceso que llevará varias décadas. Será un proceso que llevará múltiples enfoques y se ceñirá en alguna medida a los puntos pactados en el Acuerdo de Paz sobre la reforma integral, especialmente a lo que se refiere en concertación política y normativa.
Los desafíos son, y continuarán siendo enormes, especialmente en dos elementos clave. Primero en cobertura y calidad de la infraestructura vial, especialmente un país con una geografía tan peculiar y diversa. En este punto, será necesario que en algún momento la voluntad política se centre en los accesos viales terciarios, que son los que conducen hacia las unidades productivas y ahora padecen del abandono en inversión; por otro lado, están los factores de violencia y disputa de los territorios, donde el campesinado es coartado por “los enemigos del Estado” que aprovechan la incapacidad de este para acceder a los territorios profundos. Este elemento es de delicada relevancia, en razón a que, si no es posible garantizar un bien público esencial como la seguridad, difícilmente se podrá llevar inversión y políticas efectivas al campo. La situación no tiene un panorama claro si nos referimos a los procesos que se están pretendiendo establecer bajo el esquema de “Paz Total” que desea implementar el gobierno.
En síntesis, el aprovechamiento del potencial del campo carece de elementos básicos para que inicie el camino hacia su reformación, pero habiendo atendido estos puntos con relativo éxito, es posible preguntarnos cómo continuaremos la senda de cambio. Hoy por hoy, la literatura e investigaciones acerca de cómo se ha venido gestando el desarrollo, me han enseñado sobre la importancia de establecer procesos de gobernanza con enfoque territorial, con el fin de determinar los tipos de políticas que las comunidades que, conocen y autodeterminan sus rumbos, decidan con el fin de no entrar en dinámicas discrecionales que impongan estructuras basadas en modelos foráneos.
Como conclusión, pienso que los procesos de formación de gobernanzas son una pieza clave para organizar a las sociedades en las sendas de desarrollo del agro, pero debo plantear que es necesario proyectar un horizonte de tiempo, donde en el corto plazo se atienda el tema de vías de acceso y seguridad, para que estos aspectos trabajen como los elementos fundamentales para gestar el resto del horizonte de largo plazo para invertir en los demás elementos que consoliden los procesos sociales que le den forma final a un modelo productivo del agro eficiente, sostenible y justo con los productores.
Andrés Guillermo Montes Celedón
Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar