Por Antonio José Correa Jiménez (Senador de la República – Especial para Revista Zetta).- La UNGR, que fue creada ante un fenómeno natural que golpeó inclementemente el país en el año 2010, por las lluvias que causaron la afectación de más de 1.000.000 de colombianos, en lo que se denominó el fenómeno de La Niña, lo que precipitó en el 2011 la creación por decreto de la denominada UNGR, la cual no ha cumplido con su carácter misional y por el contrario pareciera que fuese el triángulo de las Bermudas, donde se ha manejado dinero público sin control, con contratistas consentidos por los directores de turno.
Las irregularidades van desde personas jurídicas con múltiples objetos sociales que terminaron suscribiendo contratos multimillonarios, muchas veces sin tener la capacidad jurídica y financiera. Uno de los barriles sin fondo ha sido la contratación de la maquinaria amarilla con múltiples ceros a la derecha y muchas veces incluso de manera extemporánea, con excusas de calamidades que se decretaron y se superaron años atrás. De las personas jurídicas que han contratado, muchas tienen domicilio en Montería, Valledupar, Neiva y Riohacha, y otras incluso después de suscribir contratos no volvieron a renovar sus matrículas en Cámara de Comercio, trasladando su domicilio o hasta cancelando dicha matrícula.
En la UNGR no existen expedientes contractuales completos de las contrataciones adelantadas por la cual es difícil determinar el estado de ejecución como también no se tiene claro el número de contratos que tiene suscritos a la fecha y los pagos pendientes. Como también existen órdenes de proveedurías las cuales a pesar de ser rápidas por la emergencia, deberían tener un mínimo de requisitos técnicos y jurídicos que garanticen la calidad del contratista a escoger. Asimismo, otras de estas órdenes están sin CDP, o sea volando y sin legalizar y con quejas de que dieron por adelantado lo que sabemos, y con conejo para los “contratistas”.
La unidad contrata por régimen especial en emergencia y no por ley 80; los requisitos para determinar a quien se contrata y el proceso, no se adelanta con la rigurosidad técnica legal, razón por la cual se terminan contratando empresas sin idoneidad, sin experiencia, y de ñapa con sobrecostos, y lo peor sin seguimiento a la ejecución, ya que los funcionarios que trabajan en la entidad no tienen experiencia en ejecución de recursos públicos, supervisión de proyectos, y contratación estatal. Por último, la Fiduprevisora, que es la encargada de administrar los recursos de la unidad y de finalmente pagar, le baila el indio a los contratistas ya sea por no existir un contrato de fiducia lo que permite que no existan condiciones u obligaciones contractuales claras con unos tiempos establecidos para adelantar los trámites por parte de la misma o porque no se bajaron del bus como consta en denuncias en la FGN.
Mirando desde la orilla porque lo central lo he dejado para el debate de control político, podemos decir que los directores que han pasado por esta entidad, muchos habrían tenido que explicarles a los órganos de control por sus actuaciones, así que no canten victoria, porque mostraremos sus perlas que no han sido vistas por una justicia que a veces se comporta con astigmatismo selectivo. De ninguna manera nuestro objetivo es desmeritar y disminuir el volumen del actual escándalo, porque ya esto es objeto de actuación de los órganos fiscales, disciplinarios y penales.
Por ultimo debo decir que estas perlas han salido a flote después de realizar debate de control político a la mojana, detecté que las irregularidades cometidas estaban en cabeza de la UNGR, y desde ese momento 2022 solicitamos debate de control político, y enviamos cuestionarios a la UNGR, que me han sido difícil conseguir toda la información a la fecha, pero con la certeza que esperamos la fecha para mostrar las evidencias que le muestren al país que la UNGR es una entidad con problemas de corrupción desde su nacimiento a la fecha.
Opinión: Senador Antonio José Correa Jiménez