Por Antonio Correa Jiménez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 24 de enero de 2025.- El fenómeno del “gota a gota” comenzó a extenderse en el país durante de la década de los 90, coincidiendo con el auge de economías informales y la dificultad de acceso al sistema financiero tradicional por parte de sectores populares y vulnerables. Desde entonces, esta práctica ha evolucionado y se ha consolidado como una problemática social que afecta a miles de personas en todo el país.
Este sistema ilegal de crédito impacta principalmente a quienes no pueden acceder a la banca formal, ofreciéndoles dinero de manera rápida, pero con intereses abusivos que pueden superar el 20 % semanal. ¿El resultado? Muchas familias terminan perdiendo su sustento, enfrentando intimidaciones, violencia, desplazamiento e incluso, en algunos casos, la muerte.
El ”gota a gota” no solo representa un problema económico sino también una grave problemática social que fortalece las redes de crimen organizado, las cuales operan con altos niveles de impunidad. Esta situación resalta la necesidad urgente de promover el acceso a servicios financieros formales mediante créditos blandos, la implementación de programas de educación financiera y la adopción de acciones contundentes por parte de las autoridades para combatir este flagelo.
En este contexto, es importante destacar los avances realizados por el Gobierno Nacional en su lucha contra el «gota a gota», especialmente en los sectores populares, donde esta problemática ha tenido un impacto significativo. Durante el año 2024, el Gobierno ha desembolsado más de 614 mil millones de pesos a través de líneas de crédito diseñadas para apoyar a mipymes, unidades productivas de la economía popular, mujeres, campesinos, comunidades raizales, emprendedores y población vulnerable en todas las regiones del país.
Asimismo, desde el año 2023, el Gobierno implementó el Programa CREO, un mecanismo clave en la lucha contra los créditos informales, conocidos como «gota a gota». Este programa busca ofrecer alternativas seguras y sostenibles para quienes han sido tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, reduciendo su dependencia de este sistema ilegal de financiamiento.
Es fundamental que las autoridades judiciales y policivas intensifiquen su labor para enfrentar con decisión el flagelo del “gota a gota”, una práctica que afecta de manera desproporcionadas a las comunidades más vulnerable del país. Se requiere una acción coordinada que desarticule las redes criminales detrás de este sistema ilegal, garantizado la seguridad de las víctimas y promoviendo el acceso a la justicia. Debemos recordar que el delito de usura, contemplado en el artículo 305 del Código Penal, establece una pena de hasta 7 años y 5 meses de prisión para quienes lo practiquen. Por ello, es imperativo que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables, enviando un mensaje claro de que estas actividades no serán toleradas en ningún rincón del territorio nacional.
Por eso invito a los colombianos a no normalizar el «gota a gota». Combatámoslo juntos para construir un país más justo y solidario.
* Senador de la República