No hubo rayos y centellas. El esperado debate sobre la prórroga de 13 años del contrato de Acuacar por parte del alcalde Dionisio Vélez fue aprovechado por la administración para justificarlo: se necesita garantizar el servicio de agua potable por 30 años más.
Se celebró la presencia del gerente de Acuacar, Francisco Pérez Tena, un español de muy bajo perfil, que poca figuración quiere tener en los medios. Junto a él estuvo el Secretario General del Distrito, Carlos Coronado; el Secretario de Hacienda, Carlos Granadillo; el Gerente Técnico, Freddy Angulo; el Personero Distrital, William Matson, y el Contralor Distrital, Mario Feliz Monsalve.
El debate confirmó la oposición del concejal David Múnera, para quien la actuación del alcalde fue irregular, y pidió que copia del acta de la sesión se envíe a los órganos de control, mientras que otros cabildantes respaldaron la conducta del alcalde.
Como vocero de la Alcaldía, el Secretario General del Distrito, Carlos Coronado señaló que la decisión de prorrogar el contrato con Aguas de Cartagena (Otrosí No.3) obedeció a la demanda de crecimiento que tiene la ciudad en materia urbanística y comercial, y las limitaciones del actual sistema de acueducto y alcantarillado.
Para la Administración, el sistema de acueducto tiene su capacidad en el límite, pues los 265.000 m3 solo permitirían el abastecimiento solo hasta el año 2019. El gobierno distrital amplió el término del contrato para que Aguas de Cartagena continúe con la operación de la infraestructura construida por el Distrito y refuerce el sistema para cubrir la demanda proyectada para el 2034 que es de 350.000 m3.
El funcionario precisó que las inversiones para la ampliación serán asumidas por Acuacar y no tendrá sobrecargos en la tarifa, ni afecta las arcas distritales. Justificó la ampliación del plazo faltando 6 años del plazo original porque en 4 años la ciudad de podría entrar en colapso frenando el desarrollo por desabastecimiento y sostenibilidad del servicio.
Sobre la socialización de la decisión dijo que desde marzo de 2014 dieron conocer a través de la prensa y radio que se estaban explorando alternativas de inversión por parte de ACUACAR, que justificarían una prórroga del plazo contractual. Asimismo indica que la problemática de un potencial colapso de la capacidad del sistema, fue expuesta ante el Ministerio Público, Viceministerio del Agua y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El concejal Cesar Pión dijo que ahora son los órganos de control quienes tienen actualmente la competencia para hacerle seguimiento al proceso. William López manifestó que dada la ineficiencia administrativa del Estado, se hace necesaria la operación por parte de la empresa privada, y el modelo económico establece éstas actúan por obtener rentabilidad. Pastor Jaramillo desvirtuó las apreciaciones jurídicas que indican que el Alcalde incurrió en un prevaricato. Según Jaramillo, el tipo de contrato firmado para la prórroga no está dentro de los que deben pasar por estudio en el Concejo Distrital.