Por John Zamora (Director Revista Zetta).- El Gran Hermano te vigila, el Gran Hermano te protege…
Era un mundo totalmente monitoreado, donde hasta los pensamientos y el lenguaje eran examinados. Lo que no estaba en el lenguaje no podía ser pensado. La censura era actuante, férrea, minuciosa. El Gran Hermano tenía cámaras de vigilancia por todos los rincones de la vida de cada ciudadano, con la excusa de querer únicamente su bienestar. Pero, eso sí, no podía fallarle. Lo pagaría muy caro. De la tortura se encargaba el Ministerio del Amor.
Era el mundo concebido en la ficción de George Orwell, quien publicó en 1949 su novela “1984”, anticipándose a lo que vemos hoy con la tecnología omnipresente de cámaras de vigilancia por todas partes.
Casi 70 años después de publicada, parece que alguien en el Concejo de Cartagena la ha leído, y contagió al cuerpo de honorables en la veleidad de quererse meter en la libertad constitucional de cada cartagenero.
Tal vez en el fondo de los temas tengan algo de razón, pero la forma es totalmente improcedente.
Los proyectos de acuerdo que pretenden prohibir los mensajes violentos en las canciones, o prohibir bailes eróticos entre menores de edad, o imponer la lectura de la Biblia, pueden tener una sana inspiración ética o moral, pero son absolutamente antidemocráticos e inconstitucionales. No parecen presentados por partidos de la llamada Unidad Nacional (liberales y democráticos, supuestamente).
Son iniciativas orwelianas que pretenden meterse en hasta en la espiritualidad. ¡Es igual de insultante obligar a alguien a leer la Biblia, que el Corán o el Talmud! Cada cual ejerce su espiritualidad y su religiosidad a su plena libertad, y no como un Concejo pretenda imponerlo.
Le hacen homenaje al viejo deporte nacional de querer arreglar todo con una norma. Si hay guerra, entonces la Constitución dice que “la paz es un deber”. Si los terroristas matan, un artículo nos dice que “la vida es sagrada”.
Es como presentar un proyecto de acuerdo que prohíba a concejales pedir contratos o tramitar OPS, o enviar mensajes cifrados al gobernante de turno con el retraso o rechazo de sus proyectos.
Lo que se hace en estos casos es una regulación que ataque al fondo del problema, no a sus formas de expresarse. ¡La fiebre no está en las cobijas! Esa es la inspiración de las leyes anticorrupción, anti trámite, de contratación, de transparencia, que apuntan a evitar que un político o una empresa electoral se enriquezcan amañando contratos o perpetuando su clientela con OPS.
En el caso de las burdas expresiones de ciertas canciones, o de los contoneos impúdicos en los bailes de menores de edad, se trata de conductas reprochables, que hacen parte de “no deber ser” de una sociedad. Pero también hacen parte de las libertades constitucionales, así nos duela admitirlo. Hacen parte de la libertad de expresión, del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué hacer, entonces?: ¡Educar!
Es completamente facilista llegar y decir “te lo prohíbo” y creer que se acabaron tales expresiones. La verdadera responsabilidad democrática del Concejo está en impulsar políticas de educación cívica, de valores humanos, de dignidad y de respeto por la persona humana.
Igual perdedera de tiempo es componer una canción para elogiar el vello púbico, como tramitar un acuerdo prohibitivo de las libertades, sean bien o regular o mal entendidas. Por muy loable que sea la intención, resulta simplista.
Para la salud institucional del Concejo, resulta mucho mejor involucrarse en campañas cívicas de educación en valores, en alianza con medios donde se difunde la música criolla, con la Alcaldía y sus apéndices de educación y cultura, con la academia, con los gremios, con la sociedad civil. Queremos ver a los niños jugando rondas divertidas, y no imitando a la Ciciolina; queremos escuchar champetas como las del desaparecido Sayayín y no las que alaban a la delincuencia… pero en estos casos, el Concejo, cual Paola, se cree la última Coca Cola… que se deje de miramientos, que se lo puede llevar el viento.