Este jueves 30 de julio, a las 9 de la mañana, en la sede regional de la Contraloría General de la República en el edificio Concasa, está programada la Audiencia Verbal de Descargos del gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, por el proceso fiscal en el que le imputó responsabilidad fiscal solidaria por un poco más de $980 millones de pesos ($980´223.199) y le embargó el sueldo. (Noticia relacionada: https://www.revistazetta.com/?p=7225)
En el proceso también está encartados el entonces Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, y la Diócesis de Magangué, por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.
Como medida cautelar, la CGR embargó el sueldo del Gobernador Juan Carlos Gossaín y 10 inmuebles de propiedad de la Diócesis de Magangué.
Según un informe de la CGR, el presunto daño patrimonial se originó en varias irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios educativos que suscribió la Gobernación con la Diócesis en 2013.
El gobernador Juan Carlos Gossaín denunció en su momento que se han revelado piezas reservadas de este proceso.
Se espera que el mandatario seccional llegue en compañía de apoderado judicial, a efectos de que se le garantice la presunción de inocencia y el debido proceso.
Según una comunicación expedida por la Contraloría, en este contrato hubo subcontratación y doble pago por concepto de gastos de administración en el contrato, y se hicieron pagos por “alumnos fantasmas” de más de $400 millones, que no correspondían.
Según el ente de control, hay un presunto detrimento patrimonial por más de $325 millones por un mayor valor pagado en un contrato de prestación del servicio de pintura en sedes educativas, y por falta de control y seguimiento por parte de la Gobernación de Bolívar, se incurrió también en dobles pagos a rectores de algunas instituciones educativas del departamento de Bolívar.
Respecto del salario del gobernador, la Gerencia Departamental Colegiada de la Bolívar de la Contraloría General de la República decretó, como medida cautelar, el embargo preventivo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente correspondiente a su salario, que llega hasta la suma de $1.470 millones.
En el caso de la Diócesis de Magangué, la CGR decretó el embargó preventivo de 10 inmuebles de su propiedad, limitándose el embargo a la suma de $1.960 millones.
Uno de los cuestionamientos que formula la CGR al Gobernador de Bolívar es el hecho de haber aceptado una sola propuesta para celebrar este contrato de prestación de servicio educativo e iniciar el proceso contractual con falencias en su planeación.
En cuanto al ex secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, la CGR considera que no cumplió cabalmente con su función de supervisor del contrato, evidenciando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Sobre la Diócesis de Magangué la CGR dice que se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, enriqueciéndose sin justa causa cuando recibe pagos sin que se hubiera ejecutado lo convenido.
La imputación de cargos de responsabilidad fiscal y las medidas cautelares se tomaron dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1564 en curso, que adelanta la CGR a través de la Gerencia Departamental Colegiada.
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