Por Leidys Pautt (www.eleccionescartagena.com). El gobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, asistió a la Audiencia Verbal de Descargos por el proceso fiscal en el que se le imputó responsabilidad fiscal solidaria por un poco más de $980 millones de pesos ($980´223.199) y en el que también están involucrados el Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, y la Diócesis de Magangué, por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones.
La Audiencia estuvo presidida por Edwin Molina Cuesta, Contralor Provincial; Diego Hernán Pinzón Guerra, Gerente Departamental; Luisa Fernanda Romero Nieto, Contralora Provincial. Durante la misma la Contraloría resolvió dar conocimiento y vincular formalmente al proceso e imputar responsabilidad fiscal a los procesados vinculando además a las compañías Previsora de seguros SA y Seguros Del Estado SA como terceros civilmente responsables.
Atendieron el llamado Abelardo de la Espriella, como apoderado del Gobernador; Juan Guillermo Buendía, apoderado de la Diócesis de Magangué; Jorge Eliécer Salazar Avenia, apoderado judicial de la Previsora S.A Compañía de seguros, y Rafael Ariza en representación de Seguros del Estado S.A.
No hizo presencia Javier Posada Meola, por lo que se le asignó un abogado de oficio, estudiante de la Corporación Universitaria Tecnológico Comfenalco para que lo representara.
Después de leídos los cargos y emitidas las medidas cautelares, De la Espriella hizo saber a la colegiatura que frente a estas últimas no presentaría ningún recurso, sin embargo, si interpondría una recusación asegurando que la Contraloría no ha sido transparente en su actuación y ha filtrado información que afecta el derecho fundamental a un debido proceso.
Argumenta que la Contraloría General de al República divulgó primero la información y después los notificó, lo cual calificó como un hecho supremamente grave y que evidentemente tiene como fin generar impacto mediático para amortiguar una decisión que eventualmente sea desfavorable a los intereses de los investigados poniendo en entre dicho la imparcialidad de la colegiatura.
“No puede ser que a estas alturas se nos cite para decirnos que nos van notificar un Auto cuando incluso sacaron un comunicado en twitter de la Contraloría y citaron a rueda de prensa en la ciudad de Cartagena para mostrar esto como el gran logro. Eso es para esta defensa, supremamente extraño y será objeto de recusación, porque no encontramos garantías una vez que se está violentando el proceso establecido por la ley 1474 al filtrar una información que debió ser aportada exclusamente en esta audiencia”
Con la recusación estuvo de acuerdo Juan Guillermo Buendía, quien agregó que también se violaba la reserva de la investigación y mostraba parcialidad de la Contraloría en la manera como previo a la audiencia fue contactado el Consultorio Jurídico del Tecnológico de Comfenalco, y que en la audiencia se designó el abogado de oficio de Meola, quien además al momento no tiene matrícula vigente que demuestre su calidad de estudiante por lo cual no debió ser designado y se puso en riesgo el derecho a la defensa del procesado.
La Diócesis de Magangué que acudió al recurso de reposición y subsidio de apelación puesto que considera que además de los argumentados presentados por Abelardo de la Espriella “actualmente dentro del juicio fiscal no existe ningún daño plenamente probado”.
Por su parte Gossaín Rognini expresó que se siente tranquilo con respecto al proceso y asistió a la audiencia para dar la cara a una litis que apenas comienza y en el cual, dice, es visible que hay situaciones que debe aclarar la Contraloría, entre ellas, la violación del debido proceso, dejar que se filtrara información en los medios sobre un hecho que apenas es objeto de investigación, y asegura, “ yo no estoy excusándome de que no me notificaron como es debido para excusar alguna debilidad en mi defensa”.
Dice que en el momento en que se entré en las formalidades del proceso y cuando la ley establezca la instancia de presentar las pruebas, también probarán que hay argumentos para la defensa muy claros.
Según él, el primero y más importante: “Yo suscribo un contrato con La Diócesis de Magangué, pero aquí no están investigando la suscripción del contrato sino su ejecución y quien ejecuta el contrato no es el gobernador sino la Diócesis de Magangué, lo que quiere decir que frente a acciones que se hayan cometido u omitido en la ejecución del contrato para ese efecto yo como gobernador designé también a una interventoría así lo establece la ley de contratación pública”
Insiste en que “el nexo causal que están conduciendo hasta el gobernador de Bolívar también es bastante extraño”.
