Por Ambrosio Fernández (especial para Revista Zetta).- En momentos en que la inflación sigue subiendo y la economía colombiana tendrá un año particularmente difícil, es complicado hablar de peajes, tarifas, impuestos o subidas de precios, en especial porque las familias están exprimiendo hasta el último peso para hacer rendir la canasta familiar. Sin embargo, este es un debate que debe darse, aunque las decisiones que se tomen a veces no sean populares. Una de las peores herencias que dejará Dau a la ciudad o incluso a la región, es esa sensación de que las políticas públicas, la construcción de infraestructura o la toma de acciones frente a problemáticas que nos afectan a todos, se deben dar al calor de los “Me Gusta” en redes sociales, de los mítines, manifestaciones o de quién pronuncie con mayor vehemencia o más cantidad de veces la palabra “pueblo”.
El escenario es difícil y más porque en época electoral, no faltan oportunistas con ganas de arrastrar votos y que lo único que quieren es atizar el fuego. Hay que negociar y como en toda negociación, hay que conocer los distintos puntos de vista y ceder. Los líderes anti peaje, de quiénes no dudo que tengan buenas intenciones, se han mostrado particularmente reticentes a avanzar en distintos puntos y han puesto su voz y argumentos como norma pétrea. Detrás de cada decisión que se tome hay un entramado jurídico grande que debe ser estudiar a fondo, en especial para evitar sanciones.
El objetivo principal de los peajes es servir como financiación a los proyectos de infraestructura viales, gracias a ello, Colombia ha podido dar un gran salto en materia de carreteras y autopistas en los últimos quince años, eso sí, todavía queda mucho camino por delante y era tal el rezago del país, que aún estamos muy atrás en materia de vías comparado con otros países del continente. Si no hay peajes, probablemente se ponga en riesgo la construcción de nuevos proyectos, lo que terminaría afectando la competitividad de la ciudad, su economía, los empleos y por ende al “pueblo”.
De acuerdo con la concesión, el proyecto Autopistas del Caribe no solo es el sustento actual de cerca de mil personas, sino que, de realizarse el Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla, generará alrededor de 7 mil empleos entre directos e indirectos. Estos se podrían perder en caso de que el proyecto no se lleve a cabo.
Seguir utilizando vías de hecho para oponerse a proyectos solo va a crear un mal clima de inversión para Cartagena y Bolívar y hace profundizar ese estigma, que parece venir desde el Gobierno Nacional, de satanizar al sector privado, como creador de todos los males. Es claro que pagar un peaje cuesta, pero a veces cuesta más no pensar en el largo plazo y en la necesidad de construir para el futuro.
