Por Emeterio Montes (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 3 de febrero de 2024.- Además de la inoperancia, ineptitud, desidia estatal y falta de credibilidad institucional reflejada en el ambiente político hostil que vive hoy el país, se advierte ahora el TERROR que aqueja a la ciudadanía colombiana a lo largo y ancho del territorio. La población vive atemorizada, pues la inseguridad, el hurto y la muerte están a la orden del día.
Así las cosas, resulta imposible generar acciones efectivas que apunten al desarrollo económico, social y turístico de nuestro país, si aún somos incapaces de garantizar al ciudadano el goce efectivo de derechos sobre la integridad, el patrimonio y un entorno seguro.
Al respecto, los jueces en su sabiduría han establecido que el orden público es aquel “conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Los colombianos echamos de menos el pleno disfrute de la locomoción pacífica y segura en nuestras ciudades, pues siempre estamos expuestos a situaciones de riesgo que implican la afectación a la vida o a los bienes materiales, al sentir pánico por el acecho constante de la delincuencia campante. Hoy, el país vive en una penumbra, nadie se salva. El placer de caminar por nuestras calles resulta ser una película de terror, en la cual la ciudadanía se encuentra abrumada por el miedo, indefensa y desprotegida.
Hace mucho tiempo necesitamos de toda la capacidad institucional de la policía y el ejército para que salgan a las calles a recuperar la tranquilidad de los colombianos. Es que, según cifras y datos periodísticos, en nuestro país, para el 2023 los delitos de mayor incidencia fueron el homicidio, el hurto y la extorsión.
Ahora bien, si como consecuencia de la falta de Estado -al no proveer las condiciones mínimas de seguridad-, algún ciudadano valeroso decidiere defender su vida, bienes y honra, este sería acreedor de un pleito judicial, pues estaría a merced de la empatía o la falta de esta por parte de los jueces.
Es que pareciese que la interpretación de la Constitución y las leyes estuviese dispuesta para la salvaguarda de los derechos de los victimarios, cuando, por el contrario, debiese estar dirigida a la prevalencia de los derechos de la ciudadanía víctima y su legítima defensa.
Cada día, la violencia y la delincuencia aumentan en nuestro territorio. Pese a ello, nadie hace nada… No existe una política pública articulada entre la nación y las entidades territoriales que apunte a contrarrestar dichas manifestaciones de violencia e inseguridad en las ciudades; al menos no uno eficiente.
¿Quién podrá defendernos? ¡Ojalá no terminemos acudiendo a la “astucia” del Chapulín Colorado como única salida!
