ANI sigue de tumbo en tumbo: Procuraduría indaga contrato en Cartagena por más de un billón de pesos

Cartagena de Indias, 23 de abril de 2026.- La Agencia Nacional de Infraestructura parece no salir de sus adversidades: Ahora es la Procuraduría la que puso la lupa sobre un contrato billonario en Cartagena de Indias, que se suma al duro cuestionamiento a su gestión institucional formulado por la Cámara Colombiana de Infraestructura que la calificó como «el peor desempeño en el sector Transporte en los últimos siete años».

En efecto, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, en averiguación de responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por posibles irregularidades en el contrato para la modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, suscrito por un valor superior a un billón de pesos.

Al parecer, el bilateral fue celebrado por un Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE) que no coincide con el valor ofertado durante el proceso de selección, lo que implicó una diferencia de $114.437.451.818 equivalente al 9,57 % de VPIE del contrato.
A juicio del Ministerio Público esta situación “derivaría en la alteración de la ecuación económica del contrato y ello podría generar un perjuicio a la ANI, ya que se ampliaría indebidamente el valor de los ingresos proyectados del concesionario”.
Adicionalmente, posterior a su suscripción, al parecer, se habrían evidenciado diferencias y errores en la minuta contractual relacionados con indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables, frente a los cuales el concesionario habría presentado solicitudes de modificación.
Ante los señalamientos de la Procuraduria, la ANI expidió un comunicado en respuesta, publicado por El Universal de Cartagena de Indias, con estos apartes:

– Luego de una auditoria efectuada por la Contraloría General de la República, informe final presentado en diciembre de 2025, se evidenció una diferencia entre el valor presente del ingreso esperado incorporado (VPIE) $1’308.080’834.625 y la oferta económica adjudicada en la minuta del contrato suscrito $1’193.643’382.807.

-La inconsistencia fue entendida como un error involuntario de transcripción, por cuanto el valor correcto para efectos contractuales debía corresponder al ofertado por el adjudicatario y aceptado en el proceso de selección.

– Con el objetivo de subsanar la inconsistencia, la ANI activó un trámite de modificación contractual, el cual quedó suscrito en el 2025, que incluyó solicitudes formales del concesionario, requerimientos y conceptos de la interventoría, análisis por parte de las áreas financiera, jurídica, predial, ambiental, de riesgos y técnica, así como la consolidación de una única modificación integral, con el fin de corregir en un mismo instrumento varias inconsistencias detectadas en la minuta contractual.

La turbulencia en torno a la ANI tuvo como episodio más reciente el informe de la Dirección de Análisis Económico e Investigaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI), construido a partir de datos del Ministerio de Hacienda, que califica este resultado como el peor desempeño del sector Transporte en los últimos siete años.

ANI tiene «el peor desempeño del sector Transporte en los últimos siete años»

 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) comprometió el 99,5% de su presupuesto de inversión en 2025, es decir, prácticamente amarró hasta el último peso en contratos y obligaciones, pero solo ejecutó el 34,5% de ese mismo rubro durante la vigencia.

Así lo revela un informe de la Dirección de Análisis Económico e Investigaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI), construido a partir de datos del Ministerio de Hacienda, que califica este resultado como el peor desempeño del sector Transporte en los últimos siete años.

De los $8,36 billones que tuvo disponibles en 2025, la ANI pagó $2,88 billones al corte del año. El resto quedó constituido como reserva presupuestal para cancelarse en 2026. Entre enero y febrero de el año en curso la Agencia giró una parte adicional, pero al 28 de febrero todavía quedaban $1,39 billones sin cancelar, según el informe de ejecución presupuestal de la entidad.

Esta brecha significa que ese dinero que las empresas a cargo de los grandes corredores viales necesitaban para pagar obras ya ejecutadas, cubrir costos de operación y honrar sus obligaciones con el sistema financiero, no ha sido pagado.